La posibilidad de aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos representa un cambio significativo en la tributación de este sector, hasta ahora exento de este impuesto salvo en casos específicos.
Esta medida, según Gestha, sería viable con una modificación legal en línea con las disposiciones de la normativa europea.
Puntos clave:
Situación actual: Los alquileres turísticos están exentos de IVA si no ofrecen servicios complementarios propios de la industria hotelera, y tributan al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). En caso de incluir dichos servicios, se aplica un IVA reducido del 10%.
Propuesta de cambio:
- Incremento del IVA al 21% para todos los alquileres turísticos, con independencia de los servicios que ofrezcan.
- Modificación de la Ley del IVA (Artículo 20. Uno.23º.b) para incluir esta nueva carga fiscal.
Justificación:
- Adaptación al marco europeo, que permite a los Estados miembros realizar exclusiones adicionales a la exención de IVA en inmuebles.
- Igualar el tratamiento fiscal de los pisos turísticos con otros tipos de alojamientos, como residencias de estudiantes, que tributan al 10% por servicios complementarios.
Implicaciones:
- Para propietarios: Incremento de la carga fiscal, lo que podría trasladarse a los precios finales de alquiler.
- Para el mercado: Posible desincentivo en la oferta de pisos turísticos y cambios en el equilibrio entre alquileres residenciales y turísticos.
- Para la Administración: Aumento potencial de ingresos fiscales, alineado con las metas del acuerdo PSOE-Sumar.
Este cambio no solo afectaría al sector turístico, sino que también podría tener implicaciones económicas y sociales más amplias, especialmente en regiones altamente dependientes del turismo.
El Ministerio de Vivienda en España está trabajando en un decreto que tiene como objetivo priorizar el uso residencial de las viviendas en lugar del uso turístico. Esta medida busca abordar el problema del acceso a la vivienda en zonas con una alta demanda residencial y escasa oferta de alquiler asequible. El auge de las viviendas turísticas, impulsado por plataformas como Airbnb, ha elevado los precios del alquiler y ha reducido la disponibilidad de inmuebles para residentes locales, especialmente en áreas urbanas.
El ministerio pretende que esta normativa ayude a equilibrar el mercado inmobiliario y evitar la expulsión de los residentes de sus propios barrios, fenómeno conocido como gentrificación.
Este tipo de regulaciones no es exclusivo de España; en ciudades como París, Ámsterdam y Nueva York, ya se han implementado políticas similares para limitar el uso turístico de viviendas y priorizar la vivienda accesible
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